La gigante de la auditoría financiera también se dedica a la auditoría forestal. Apoyó a una empresa de Indonesia con una cadena de abastecimiento acosada por acusaciones de deforestación y a un proyecto en Canadá que arrasó con los bosques y amenaza la forma de vida de una comunidad indígena. Mientras tanto, abrió una nueva línea de negocio que la convirtió en una campeona contra el cambio climático.
Justo después de la milla 73 de la autopista que conecta Canadá con Alaska, al norte de la pequeña ciudad de Fort St. John, en la provincia de Columbia Británica, una densa línea de abetos y pinos termina abruptamente. Es reemplazada por una vasta explanada de maleza y muñones de troncos cortados.
Sherry Dominic y su familia antes pescaba, cazaban alces y recogían berries aquí, siguiendo la tradición del pueblo Primeras Naciones de Blueberry River, que se remonta a cientos de años en la provincia más occidental de Canadá-
La tierra estuvo alguna vez cubierta de un bosque boreal y rodeada de arroyos claros.
Luego llegaron las forestales.
Vista aérea del bosque devastado del territorio de las Primeras Naciones de Blueberry River. Foto: Cortesía de Fort St. John Pilot Project.
En 2015, después de más de una década de intensiva explotación forestal, Dominic y las Primeras Naciones de Blueberry River demandaron al gobierno provincial argumentando que había aprobado un plan de “gestión forestal sustentable” que había fracasado en proteger el bosque. En cambio, el proyecto permitió a las compañías, incluyendo al gigante forestal Canfor Corp., sobreexplotar la madera, dañar el territorio de los pueblos indígenas y amenazar su forma de vida.
Los integrantes de las Primeras Naciones enviaron cartas a las compañías forestales y al gobierno, pero sus preocupaciones “siempre cayeron en oídos sordos”, dijo Dominic, quien es miembro del consejo de la comunidad de Blueberry River.
En 2021, una corte provincial suspendió la aprobación de nuevos permisos forestales, al encontrar que el gobierno provincial había promovido el “uso intensivo” por parte de empresas forestales y otras industrias que habían dejado al territorio de las Primeras Naciones de Blueberry River y su vida silvestre “drásticamente alterada”.
Los reportes de auditoría del proyecto apuntan a otra, menos examinada, falla que puede haber contribuido a lo que la corte llama “daño irreparable.”
KPMG, la firma global de contabilidad ha trabajado por años tanto como auditora medioambiental del proyecto como auditora financiera de Canfor, un conglomerado forestal con US$6 mil millones anuales en ingresos. Incluso mientras Canfor y otros gigantes forestales arrasaban hectáreas de bosques en el área del proyecto, KPMG emitía reportes que le bajaban el perfil a la evidencia de que las forestales no estaban cumpliendo con las regulaciones del proyecto, según descubrió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en Inglés) tras revisar documentos.
El análisis de las prácticas de auditoría ambiental de KPMG es parte de Deforestation Inc., una investigación encabezada por ICIJ en colaboración con 39 medios. La investigación trasnacional expone las fallas de las industrias de certificación y auditoría ambiental diseñadas para combatir la deforestación, la tala ilegal y otros abusos.
Un aserradero propiedad del gigante forestal Canfor Copr en Taylor, Columbia Británica. Foto: Scilla Alecci
Año tras año, KPMG firmó reportes para el proyecto que describían como “disconformidades menores” cosas como la tala en áreas protegidas, la destrucción del hábitat silvestre y la degradación de la calidad del agua.
Los registros que describen el “plan de manejo forestal sustentable” también muestran que integrantes de las Primeras Naciones de Blueberry River se quejaron de que KPMG nunca visitó la comunidad durante las auditorías.
El “efecto acumulativo” de la explotación forestal industrial –junto con la falta de fiscalización del gobierno y la proliferación de extracción de petróleo y gas en la zona– llevaron a “ una muerte por miles de talas”, concluyó la corte. Hoy, la proporción del territorio de las Primeras Naciones de Blueberry River considerado “paisaje forestal intacto” alcanza a menos del 14%.
Canfor no respondió a preguntas específicas de ICIJ. A través de un vocero, la compañía dijo que el plan de manejo forestal sustentable implementado en los bosques de las Primeras Naciones de Blueberry River había sido apoyado por Sustainable Forestry Initiative (SFI), una organización de certificación voluntaria que promueve prácticas forestales.
En un email a ICIJ, el vicepresidente de asuntos del cliente, Jason Metnick, declinó referirse a por qué los estándares de SFI usados para desarrollar el plan llevaron a un tan negativo impacto ambiental para la comunidad, de acuerdo con la corte. Metnick dijo que como un estándar de certificación externo “que explícitamente requiere respeto por los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos, sentimos que el estándar SFI continuará sirviendo como una herramienta valiosa para asegurar que los derechos de los pueblos indígenas y las prioridades autodeterminadas sean respetadas y orienten las prácticas de manejo forestal sustentable dentro de sus territorios”.
KPMG no respondió a las detalladas preguntas de ICIJ sobre el fallo de la corte y otros asuntos. En una declaración enviada por email, una portavoz de KPMG en Canadá dijo que la compañía está “comprometida con entregar servicios de alta calidad de acuerdo con la regulación aplicable y los estándares internacionales y los requisitos de independencia”.
Agregó que “este compromiso aplica a todas nuestras prácticas, incluido nuestro rol en la certificación forestal”.
El certificador
La unidad de certificación ambiental de KMPG que monitoreó el proyecto de Fort St.John es parte de una industria de US$10 mil millones que, entre otras cosas, ayuda a que manufactureros, retailers y otras compañías que transan o usan madera, aceite de palma y otros commodities asociados con la deforestación obtengan certificaciones de sustentabilidad. Los auditores que realizan evaluaciones de riesgo inspeccionan aserradores y entrevistan a trabajadores forestales y otros empleados acerca de sus prácticas, dijo la empresa.
Esas certificaciones –a menudo exhibidas en los reportes de márketing de las empresas y estampadas en los productos– están pensadas en dar garantías a los inversionistas, clientes y reguladores de que las compañías están cumpliendo con estándares ambientales voluntarios en el abastecimiento de sus productos.
En países donde la tala ilegal es rampante y la gobernanza forestal es laxa, expertos consideran que estos esquemas voluntarios son mejor que nada. Pero los críticos replican que las reglas para verificar y documentar el cumplimiento de los clientes con estándares ambientales son débiles y que las compañías pueden usar el procesos para asegurar que sus operaciones son sustentables cuando no lo son.
“Para muchas organizaciones e individuos, todo lo que están mirando hoy en día es un sello FSC o un sello SFI, y está muy bien que estén preocupados”, dice Herb Hammond, un profesional forestal registrado y ecologista en Canadá, en referencia a SFI y una de las organizaciones certificadoras de la competencia, el Forest Stewardship Council (FSC).
“Con el paso del tiempo, la gente que sabe se da cuenta de que estos son sobre todo esquemas de greenwashing”, dijo Hammond.
Incluso mientras Canfor y otros gigantes forestales arrasaban hectáreas de bosques en el área del proyecto, KPMG emitía reportes que le bajaban el perfil a la evidencia de que las forestales no estaban cumpliendo con las regulaciones del proyecto.
Metnick de SFI disputó esa caracterización de la industria de la certificación y de su organización, diciendo que SFI “tiene un comprobado historial de mejorar la sustentabilidad a través de colaboraciones orientadas a lo forestal”.
Un portavoz de FSC defendió el rol de la organización en la promoción de la responsabilidad forestal. “FSC es una herramienta efectiva para la implementación de estrictas prácticas que han demostrado ser una solución contra la deforestación y la degradación”, dijeron en una declaración enviada a ICIJ. La organización dice que descansa en firmas como KPMG para auditar y emitir certificados sobre los productos de las compañías y prácticas de gestión forestal.
En 2021, KPMG anunció que invertiría más de US$1.500 millones para expandir sus servicios de consultoría diseñados para ayudar a los clientes a reducir los riesgos asociados con el cambio climático.
Hasta ahora la empresa ha ofrecido asesorías sobre sustentabilidad a clientes que incluyen el World Wide Fund for Nature, el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y un fondo de pensión danés. KPMG es también un socio fundador de una iniciativa corporativa liderada por el rey de Gran Bretaña, Carlos III, que exige a las empresas socias un compromiso con la preservación de la biodiversidad y “reconocer la necesidad” de alcanzar cero emisiones en 2050.
Aun así, ICIJ descubrió que los clientes de las auditorías financieras de KPMG incluyen al menos siete forestales y empresas de aceite de palma que han sido acusados de deforestación y tala ilegal en Indonesia, Nueva Guinea, Malasia, Camboya, Guyana y otros países.
Un portavoz de KPMG dijo que la empresa no hace comentarios sobre sus clientes.
Al revisar reportes de auditoría, registros de violaciones y documentos judiciales sobre compañías que operan en al menos 50 países, ICIJ encontró que los deslices de la industria de auditoría ambiental van mucho más allá de KPMG. El gigante suizo SGS S.A., la alemana TÜV y otras 45 firmas de auditoría ambiental han, en ocasiones, ignorado o simplemente dejado pasar evidentes daños ambientales causados por sus clientes, que siguen contribuyendo con la deforestación y el calentamiento global.
ICIJ descubrió que a lo largo de los últimos 25 años, al menos 340 compañías forestales fueron citados por agencias gubernamentales y grupos ambientales por un amplio rango de prácticas destructivas luego de autores ya hubieran certificado sus operaciones y productos como sustentables. Esas empresas fueron luego acusadas de sobreexplotar bosques de lento crecimiento y otras prácticas ilegales, coimeando funcionarios, importando productos que violan sanciones internacionales, y permitiendo el chequeo descuidado de sus proveedores.
Cincuenta de esas empresas fueron luego multadas o condenadas por gobiernos o tribunales.
Los hallazgos de ICIJ de empresas certificadas con sellos verdes que luego son señaladas por daño ambiental se extienden a lo largo de Asia, África, las América y Europa, y probablemente representan sólo una fracción de los casos, porque muchas agencias gubernamentales no identifican los nombres de las empresas en sus bases de datos sobre delitos ambientales.
La deforestación y otras formas de degradación forestal contribuyen de manera importante al cambio climático. Al cortarlos, los árboles liberan dióxido de carbono a la atmósfera, un fenómeno que es responsable de más del 10% de los gases invernaderos que causan el calentamiento global.
Año tras año, KPMG firmó reportes para el proyecto que describían como “disconformidades menores” cosas como la tala en áreas protegidas, la destrucción del hábitat silvestre y la degradación de la calidad del agua.
En 2021, durante la cumbre climática COP 26 de Naciones Unidas en Glascow, el Presidente de Estados Unidos. Joe Biden, junto a más de 100 líderes mundiales se comprometieron a terminar con la deforestación en 2030. Poco después de ese compromiso, las certificadoras privadas aparecieron ofreciendo servicios que según ellos ayudarían a combatir la crisis climática. La estadounidense SCS Global Services publicó en un blog: “Apenas pase el barullo de la COP26, ¿cuáles son las soluciones en terreno que asegurarán las que las mejores prácticas se apliquen y la deforestación sea proactivamente mitigada?”.
“Una parte de la solución son las certificaciones de sustentabilidad”, se autorrespondió SCS.
Expertos en gestión forestal, auditores y ex auditores son escépticos.
John Innes, un profesor de gestión forestal sustentable en la Universidad de Columbia Británica, es uno de ellos: “Sólo están subiéndose al carro. Buscan cualquier cosa que les ayude a empujar su causa”.
La certificación se hizo con la idea de mejorar la gobernanza forestal y lograr que las empresas de productos forestales rindan cuentas. Pero en la medida en que más marcas estuvieron dispuesta a pagar por una certificación verde para aumentar su cuota de mercado, las reglas se pusieron más laxas y los chequeos menos efectivos, dijeron algunos auditores forestales a ICIJ.
Sustentabilidad de mercado
La incursión de KPMG en el negocio de la certificación comenzó a fines de los años ’90, cuando ambientalistas (a los que luego se sumaron los consumidores) comenzaron a exigir regulaciones ambientales a los productos forestales originados en áreas expuestas a la deforestación.
En Canadá, la poderosa industria forestal lanzó una campaña contra la propuesta de nuevas leyes ambientales, retratándolas como una agobiante carga económica para la industria.
El gobierno de la provincia de Columbia Británica contrató a KPMG para estudiar el asunto. En 1997, la empresa produjo un reporte que afirmaba que las leyes propuestas aumentarían en 75% los costos de extraer madera, algo refutado por otros expertos.
La provincia se alió con la industria e introdujo una cláusula en el código forestal que en vez de leyes más duras permitía a la industria seguir estándares voluntarios.
Sujetos a la aprobación de autoridades gubernamentales, las forestales fueron autorizadas a crea sus propios planes de manejo forestal, como el que Canfor y otros operadores desplegaron en el territorio de las Primeras Naciones de Blueberry River.
Bósques prístinos de Blueberry River vistos desde la reserva de las Primeras Naciones de Blueberry River. Foto: Scilla Alecci
Consultores de KMPG formaron parte también del comité técnico que ayudó a crear los nuevos estándares, de acuerdo a los registros de la organización sin fines de lucro Canadian Standards Association.
“Existe una tendencia general hacia el ambientalismo, y algunas grandes tiendas buscan la certificación como una forma de obtener una ventaja sobre la competencia”, dijo Michael Alexander, entonces un especialista forestal en KPMG, a una revista canadiense en 2001. “Puede ayudar a aumentar la ventas”, agregó.
En Canadá, KPMG creó una unidad de auditoría ambiental que comenzó a trabajar certificando empresas de productos forestales como “sustentables”, en algunos casos de acuerdo a los mismos estándares voluntarios que había ayudado a hacer posible y luego había ayudado a escribir.
La llamada industria de la sustentabilidad tuvo un impulso a fines de 2009, cuando alrededor de 200 líderes políticos se reunieron en Copenhague durante la conferencia para el cambio climático de Naciones Unidas, haciendo uno de los primeros esfuerzos globales reales para discutir la crisis climática.
Mientras algunas potencias emergentes —incluyendo India, Brasil y China— se resistieron a cambios significativos, los participantes sí fijaron objetivos de reducción de emisiones significativos y comprometieron US$100 mil millones para 2020 para financiar la mitigación climática y proyectos de adaptación en países en desarrollo.
KPMG y las otras “Big Four”, las cuatro grandes trasnacionales de la auditoría y la contabilidad, vieron una oportunidad.
Después de la cumbre de Copenhague, KPMG contrató a importantes expertos en regulación climática para conducir su división de consultoría ambiental, asesorando a bancos y otros clientes sobre cómo dar un giro a sus estrategias de inversión hacia negocios que no dañen el medio ambiente.
La empresa se posicionó como un líder ambiental.
En un reporte de 2012 dirigido a sus clientes corporativos, consultores de KPMG escribieron que “la explotación de recursos naturales, el cambio climático y otros factores están poniendo al mundo en una trayectoria de desarrollo que no es sustentable”, agregando que “si fallamos en cambiar nuestros patrones de producción y consumo, las cosas van a comenzar a andar mal”.
En los años siguientes, los consultores de KPMG se asociaron con universidades de Países Bajos y Reino Unido para desarrollar prácticas de reportes sustentables, hicieron lobby ante funcionarios de gobierno europeos para promover sistema de alimentación sustentables, se unieron a iniciativas de “finanzas sustentables” en Suiza y patrocinaron eventos de la industria forestal.
En Canadá, KPMG creó una unidad de auditoría ambiental que comenzó a trabajar certificando empresas de productos forestales como “sustentables”, en algunos casos de acuerdo a los mismos estándares voluntarios que había ayudado a hacer posible y luego había ayudado a escribir.
No pasó mucho para que la unidad de auditoría y asesoría ambiental de la empresa se involucrara en una controversia con un fondo del gobierno canadiense que provee de capital semilla para proyectos de reducción de emisiones. Uno de esos proyectos, en el aserradero de Canfor en Fort St. John, que procesaba madera del territorio de las Primeras Naciones de Blueberry River, fue autorizado para recibir incentivos gubernamentales por cerca de US$300.000, según los documentos del fondo.
En 2013, un auditor provincial culpó al fondo por invertir en proyectos que ya estaban siendo ejecutados. Una investigación del Vancouver Sun reveló que KPMG había asesorado al fondo y ayudado a seleccionar a muchos de los proyectos que ya estaban ejecutándose, incluyendo un proyecto de ahorro de energía en la planta de Canfor. KPMG dijo a The Sun que no podía entregar documentación que justificara la validación de los proyectos debido a acuerdos de confidencialidad.
‘Sólo una declaración’
En el verano de 2013, Indonesia y dos de sus vecinos, Singapur y Malasia, tuvieron niveles récord de smog. Las escuelas cerraron y adultos y niñas debieron usar mascarillas para evitar el humo tóxico.
El gobierno indonesio culpó a los productores de pulpa y papel por quemar ilegalmente vegetación para expandir sus plantaciones. Una de las empresas acusadas era Asia Pacific Resources International, conocida como APRIL.
Por años los ambientalistas han alertado sobre las prácticas supuestamente destructivas de la empresa. Antes de que el Forest Stewardship Council pudiera cancelar su certificación, la empresa retiró su membrecía y renunció al derecho de usar los sellos verdes de FSC en sus productos.
APRIL se comprometió a mejorar sus prácticas. Un comité de expertos independientes reclutado para lograrlo contrató a la unidad de auditoría ambiental de KPMG para monitorear sus progresos para lograr un día recuperar la certificación y los clientes.
Desde entonces, KPMG ha monitoreado las operaciones de APRIL y hecho reportes que describen los logros de sustentabilidad de la empresa, así como sus dificultades. Desde 2016, KPMG ha reportado no encontrar problemas mayores en la gestión forestal de APRIL, citando sólo la falta de información sobre sus proveedores y la imposibilidad monitorear correctamente sus operaciones.
Pero en 2020, un grupo de fiscalizadores ambientales y expertos forestales en Indonesia analizaron imágenes satelitales y concluyeron que uno de los proveedores de APRIL había cortado bosques protegidos en aparente violación del compromiso de sustentabilidad de APRIL. Los ambientalistas acusaron a los auditores de KPMG de no notar la evidencia de deforestación.
Foto: KPMG
APRIL refutó los hallazgos de los investigadores diciendo que las actividades de cosecha de los proveedores fueron antes de su compromiso de sustentabilidad y que la zona no era estaba definida como un “área de alta conservación” que requiriera especial protección.
ICIJ descubrió que APRIL continúa comprando madera de un proveedor acusado por los grupos ambientalistas de deforestación y destrucción del hábitat silvestre, Korintiga Hutani.
Korintiga, una subsidiaria del conglomerado agrícola sudcoreano Korrindo, usó mano de obra infantil en una de sus concesiones forestales, de acuerdo a un reporte de 2020 de una auditora externa. Una inspección posterior halló que la empresa había implementado “un sistema de monitoreo para asegurarse que no hubiera violación a las regulaciones de edad mínima”, dice el reporte. ICIJ descubrió que KPMG no menciona los hallazgos de la auditora de APRIL, a pesar de que la política sustentabilidad del productor de pulpa dice que no tolera el trabajo infantil.
Korintiga Hutanai no contestó a las preguntas de ICIJ.
En respuesta a preguntas de ICIJ, APRIL dijo que todos sus proveedores “están sujetos a estrictos y diligentes procesos de cumplimiento y seguimiento”.
El portavoz de KPMG dijo que “como un cuerpo de certificación, validación y verificación”, el trabajo de la empresa “es conducido bajo la supervisión rigurosa de organismos de acreditación independientes que actúan para garantizar que los requisitos de garantía de terceros se implementen según lo previsto”.
Phil Aikman, un analista del grupo ambientalista internacional Mighty Earth, dijo que para compañías como APRIL, contratar auditores ambientales es a menudo sólo un ejercicio de relaciones pública.
Aikman dijo que los clientes pueden controlar el alcance de las auditorías y los auditores no tienen que entregar evidencias para fundar sus conclusiones. Como resultado, las empresas pueden de manera “bastante fácil” conseguir que las auditoras “Big Four” certifiquen que han alcanzado los estándares ambientales y les entreguen un “resultado limpio”, dice Aikman.
Un reporte final de auditorías sigue siendo “sólo una declaración”, según él.
El poder en manos de las madereras
La reserva de 3.720 hectáreas de las Primeras Naciones de Blueberry River queda en el norte de Columbia Británica, a lo largo del río Blueberry River, cuyo nombre la comunidad ha adoptado como propio. Cerca de 200 personas viven en casas a los lados de caminos sin pavimentar. Algunos residentes han decorado sus bodegas con cuernos de alce.
Sherry Dominic, la consejera que atestiguó en contra de la provincia, vive en la reserva con su familia. Es la bisnieta de la última soñadora de las Primeras Naciones de Blueberry River, una anciana que, en sus sueños, hizo contacto con animales espirituales para pagar respeto antes el comienzo de la temporada anual de caza.
Chongos de bosques talados en la reserva de las Primeras Naciones de Blueberry River: Foto: Scilla Alessi
En el juicio de 2019 contra la provincia, Dominic y otros miembros de su familia testificaron que por generaciones, la comunidad cazaron alces y caribúes para comer como carne seca en invierno. Pero los animales, como los árboles, comenzaron a desaparecer. La tala intensiva y la explotación de gas había destruido el territorio de las Primeras Naciones de Blueberry River, dijeron, terminando efectivamente con su habilidad de cazar, cosechar y transmitir sus tradiciones a sus hijos.
“Hace mucho tiempo, mientras crecías, podías simplemente manejar por el camino, ni siquiera media hora, y ver un alce, cazar un alce o lo que sea, o podías a recolectar berries”; recordó Dominic. “Ahora vas ahí y no hay árboles por ningún lago”:
Su hijo adolescente cazó su primer alce a los 10 años. Pero “en 20, 30 años, cuando tenga hijos, ¿cómo serán capaces de practicar nuestra forma de vida?”.
Después de años de explotación de recursos naturales, el estándar de vida en la reserva se mantiene pobre, dijo. Los hongos y la falta de agua corriente son problemas crónicos. La tala intensiva ha obligado a las familias a ir cada vez más lejos para cazar o recolectar berries.
En un fallo de 2021, la Corte Suprema de Columbia Británica estableció que el gobierno, al permitir a las compañías explotar el territorio de manera tan intensiva, había infringido el derecho de los indígenas a su tierra y a la preservación de sus tradiciones.
Intregrantes de las Primeras Naciones de Blueberry River en una conferencia de prensa en los escalones de la Corte Suprema tras su victoria. Foto: Trevor Leach / David Suzuki Foundation
Las empresas forestales y KPMG no eran parte del caso, que se concentro en las responsabilidades del gobierno provincial. La redactora del fallo, ministra Emily Burke, dijo que la provincia había delegado impropiamente en las empresas forestales “mucho del poder respecto a qué bloques cosechar, como y cuándo”. Un bloque es un área dentro de la zona en en que hay autorización para cosechar madera.
Durante el juicio, el gerente de planificación forestal de Canfor, Peter Baird, testificó que la compañía estaba siguiendo las regulaciones diseñadas por el gobierno. Agregó que si hacía algún cambio, la provincia debía hacerlo a través de una regulación legal.
Dos plantas de Canfor al sur de Fort St. John convierten la madera del territorio de las Primeras Naciones de Blueberry River y sus alrededores en pulpa y chips de madera. Una revisión de ICIJ de los registros de exportación encontró que la empresa vende parte de lo que produce a une empresa china que hace cajas. Algunas terminan en los estantes de Home Depot en Canadá y Estados Unidos.
KPMG ha certificado el manejo forestal de la empresa, sus aserraderos y plantas de chips en el área como “sostenibles”. Canfor cita la certificación en su reporte anual como prueba de su compromiso “con la administración responsable del medio ambiente en todas sus operaciones”:
Una unidad separada de KPMG audita los estados financieros de Canfor. Se le pagó más de US$3 millones por sus servicios en 2020 y 2021, de acuerdo con documentos corporativos.
Los portavoces tanto de FSC como de SFI, las dos organizaciones certificadoras que incluyen a KPMG como empresa certificadora, dijeron que la unidad de auditoría financiera y la de auditoría ambiental son separadas e independientes entre sí.
Sin embargo, algunos expertos entrevistados por ICIJ dijeron que el rol dual de KPMG –como auditor financiero y forestal de Canfor– abre interrogantes respecto a un posible conflicto de interés.
El problema es que no hay obligaciones legales para las compañías que auditan sustentabilidad, dijo David P. Weber, quien enseña contabilidad forense en la Universidad de Salisbury en Maryland.
“Esta es la nueva frontera de la contabilidad y es donde está el dinero”, dijo Weber, un ex investigador jefe de la Securities and Exchange Commission, entidad que regula la bolsa en Estados Unido. “Es el Far West”.
‘Ya no hay árboles’
Desde el aire, el territorio de las Primeras Naciones de Blueberry River es ahora un patchwork de bloques desnudos y pozos de gas. Un video aéreo grabado a fines de 2021 por CBC, socio de ICIJ en Canadá, muestra una vasta explanada en lo que antiguamente fueron bosques y ahora es tierra desnuda con sólo algunos arbustos en pie. Docenas de troncos yacen en una colina estéril, listos para ser transportados al aserradero cercano.
Aunque la corte suspendió la aprobación de nuevos permisos, algunas faenas aprobadas previamente continúan en el territorio indígena, dice Maegen Giltrow, la abogada que representó a las Primeras Naciones.
Manejando con su familia hacia la cercana provincia de Alberta para un campamento de caza de alces, Sherry Dominic recuerda cuántas excursiones a los bosques hizo durante su infancia.
“Cuando mis padres y mis abuelos crecieron, pasaron tiempo en el bosque”, dice Dominic. “Pero ahora vas ahí y ya no hay árboles, sólo bloques cortados en todas partes”.
* Ilustración: Ricardo Weibezahn – ICIJ
