La investigación por robo de madera que expuso las debilidades de la certificación forestal (II)

Innovaciones Forestales, Forestal Belén y Forestal Los Andes forman la tríada de madereras investigadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) a partir de 2015. Las tres tenían certificadas sus cadenas de custodia por el Forest Stewardship Council (FSC), lo que busca garantizar la trazabilidad de la madera desde su cosecha hasta el destinatario final. Pese a ello, las pesquisas del SII descubrieron que la madera no se extrajo en los predios señalados en las facturas y guías de despacho (ver la primera parte de este reportaje). La madera de origen adulterado no quedó en esas tres empresas, pues eran meras intermediarias de Forestal Volterra, que tras convertirlas en astillas las exportó a Japón.

Al igual que sus tres proveedores, Volterra también tenía una certificación FSC de cadena de custodia. En su caso, el SII no inició acciones penales, pero cuando la empresa solicitó la devolución del llamado “IVA exportador” correspondiente a la compra de madera a las tres forestales cuestionadas, el servicio se lo negó. Volterra recurrió entonces al Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) para exigir la devolución.

En ese juicio, la certificación volvió a ser tema. Volterra argumentó, entre otras cosas, que la empresa Bureau Veritas había certificado la cadena de custodia de sus compras de madera en 2010 y luego la había renovado en 2015. Agregó también que su mayor proveedor, Innovaciones Forestales, estaba certificado bajo el estándar FSC, lo que acreditaba el origen de la madera.

El SII contraargumentó que Innovaciones Forestales falsificaba el origen de la madera que le vendía a Volterra ーhoy sus principales ejecutivos están formalizados por emitir facturas ideológicamente falsas y devolución indebida de impuestosー, y que la madera no provenía de los predios que señala la empresa. A diferencia de dos juicios similares que involucraron a las forestales Los Andes y Pacífico, esta vez el mismo juez del TTA, Anselmo Cifuentes, le dio la razón a Volterra.

En su sentencia, Cifuentes valoró el sello FSC como un argumento a favor de la empresa. Estimó que al certificarse, Volterra actuó “con la debida diligencia y celo para asegurarse de que la madera que adquiere tiene un origen lícito”. El juez, en todo caso, consideró posible que se tratara de madera robada, pero agregó que no había indicios de que la empresa lo supiera al momento de comprarla y, a su juicio, desde el punto de vista tributario tampoco tenía la obligación de saberlo.

Uno de los argumentos del juez Cifuentes fue que el SII no había iniciado acciones penales contra Volterra, ni puesto reparo a sus operaciones de compra. En el servicio dicen que fueron justamente los fallos del TTA los que los inhibieron de querellarse posteriormente. “Para nosotros el objetivo siempre fue perseguir al último comprador, pero en el tema penal es importante tener afinado cómo sostenemos la acción en nuestro delito tributario (…) En los fallos se refleja una doctrina que al servicio lo dejó bastante incómodo. Se usan expresiones bastante categóricas en cuanto a la participación de ejecutivos de Volterra y se descarta de plano, no siendo competencia del TTA”, explican hoy.

Julián Carrasco, quien fue director jurídico del SII en el Biobío hasta 2019, asegura que en realidad la decisión se tomó en Santiago antes de conocer los fallos del TTA. Él cree que el servicio tenía antecedentes para querellarse contra Volterra, por lo que a su juicio fue un error no hacerlo.

CERTIFICACIÓN DOCUMENTAL

Volterra aterrizó en Chile en 1991 como una inversión de Nippon Paper Industries Co. Ltd (45%), Sumitomo Corporation (45%) y Mitsui O.S.K Lines (10%). Su objetivo era exportar astillas a través de Sumitomo a Japón, donde Nippon Paper Industries las utilizaba como materia prima de plantas de celulosa y papel. La madera la obtenía de sus distintas plantaciones de eucaliptus dispersas en las regiones de la Araucanía y el Biobío y también de la compra a terceros, para luego transportarlas a sus canchas de acopio en Cañete y Coronel.

El año 2002 Volterra ya estaba lista para exportar y desde entonces aumentó progresivamente sus volúmenes hasta llegar a su peak en 2016, cuando sus ventas en el exterior totalizaron US$44 millones, según datos del Instituto Forestal. A partir de entonces los montos comenzaron a bajar, hasta caer drásticamente en 2021, el último año en que exportó, cuando apenas vendió US$4 millones. Hasta antes de esa fecha se le consideraba una empresa mediana dentro de la industria chilena.

Obtuvo su primera certificación de manejo forestal del Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) en 2007, por 13 mil hectáreas, y cinco años después recibió también la certificación de cadena de custodia. Se considera que PEFC es un sello más amigable con las empresas que el FSC, que Volterra recibió en 2013 (cadena de custodia) y 2014 (manejo forestal), según la base de datos pública de la organización.

Ni PEFC y ni FSC entregan las certificaciones que llevan sus nombres, sino que lo hacen empresas auditoras independientes, elegidas por las compañías que buscan un sello verde. Volterra contrató para ambos estándares a Bureau Veritas, una empresa francesa que presta servicios de testeo, inspección y certificación. Ninguno de los dos estándares exige que las empresas cambien de auditores ーel único límite es cambiar el profesional a cargo cada tres añosー, lo que ha sido recurrentemente cuestionado por los críticos del sistema de certificación, que estiman que se produce demasiada cercanía y hasta dependencia entre el certificador y el certificado.

La investigación del SII sobre la cadena de venta de maderas que terminaba en Volterra se inició en 2015, año en que también presentó la primera denuncia penal. Comenzó como una forma de enfrentar el masivo robo de madera, tal como lo relató en el juicio del TTA una fiscalizadora del SII: en “la fiscalía de la región de Concepción…estaban investigando robo de madera y estaban haciendo una fiscalización de una cadena de proveedores, donde este contribuyente, Volterra, era el último eslabón de la cadena ya que era exportador”.

Aunque la arista penal hasta ahora ha sido tributaria y ni Volterra ni sus ejecutivos han sido imputados, los reportes de prensa siguen hablando de un caso de robo de madera y han mencionado a la forestal de capitales japoneses como la compradora final. Pese a ello, Bureau Veritas nunca estimó necesario hacer una revisión especial o pedir cuentas a la empresa, a la que siguió certificando con cadena de custodia FSC y PEFC, es decir, validando que la trazabilidad de sus productos permitía evitar que la madera certificada o controlada se mezclara con la no certificada. Para ello no sólo es necesario ser capaz de seguir los pasos de la madera, sino también conocer su origen, lo que no sucedió con los tres proveedores investigados por el SII.

Esas tres empresas ーInnovaciones Forestales, Forestal Belén y Forestal Los Andesー habían recibido certificados de cadena de custodia FSC por parte de la certificadora inglesa Soil Association (SA). El caso más crítico es el de Forestal Belén, pues el certificado fue otorgado después de que quien firmó el contrato con SA ya había sido condenado por delitos tributarios asociados a este caso, en abril de 2017. En la auditora se enteraron recién en mayo de 2018 y en ese momento suspendieron la certificación. “No sabíamos que había cargos en su contra en el momento en que postularon a la certificación”, explicaron en SA. Las otras dos empresas perdieron su certificación porque no respondieron cuando tocaba revisarlas, es decir, por razones ajenas a este caso.

En Bureau Veritas, certificador de Volterra para PEFC y FSC, dicen que a ellos sólo les corresponde revisar que la documentación esté correcta, y que en este caso lo estaba. Si había problemas más atrás en la cadena, dice Fernando Tapia, gerente técnico de certificación de la auditora, eso ya es responsabilidad de SA y no de Bureau Veritas. “Nosotros como Bureau, qué tenemos que decir: a ver, muéstreme todos los ingresos que usted tiene de todo el año de madera certificada. OK, vamos a ver balances; cuánta madera ingresó, cuánta salió. Perfecto: entraron 100, salieron 100 certificados; muéstreme la documentación que soporta que estos 100 vienen de un proveedor certificado. Acá está: código CoC XXX… Y uno valida que ese código esté vigente en FSC.  No puedes seguir más atrás, porque SA, que es el otro ente certificador, dice que esta es madera certificada”, afirma Tapia.

Su explicación no cayó bien en FSC Chile. La directora ejecutiva, Regina Massai, reconoce que formalmente el asunto es como dice Tapia, es decir, cada certificadora va validando un eslabón de la cadena. Sin embargo, cree que lo responsable en un caso como este era ir más allá. “Si hay un ruido en el sistema, yo no me puedo hacer el leso. Esa es la esencia de la sostenibilidad. Yo puedo salir a terreno, de hecho los auditores tienen que hacer consultas. En ese caso, si había ruido en la cadena y sabiendo que es lo más relevante para poner el sello aguas abajo, yo tengo que salir a hacer esa consulta”, dice Massai.

Tapia asegura que se enteró de este caso cuando LaBot le solicitó la entrevista, pero eso puede deberse a que empezó a trabajar en Bureau Veritas recién hace un año. De todos modos valida los procedimientos aplicados y dice que Volterra siempre estuvo en regla.

Desde Volterra, subrayan que nunca una auditoría dijo que hubieran recibido madera de origen desconocido, pero reconocen que el sistema tiene debilidades que les impiden tener certeza sobre el origen de la madera que compran. “Se supone que la cadena de custodia pide verificar que exista el bosque, que el señor que está vendiendo es propietario del terreno y que haya un plan de manejo. Eso es lo que normalmente hacemos, pero después de que hice toda esta verificación el señor le puede vender a Volterra de bosques que no son el que está declarando, le está sacando al vecino, por ejemplo”, grafican en la empresa. Por su naturaleza, dicen, no se puede distinguir un trozo de madera de otro.

Además, en Volterra recalcan que si no fuera porque las empresas certificadas le ponían el número de rol a las guías de despacho, el SII nunca habría podido descubrir este caso, ya que incluir esa información sólo es obligación desde 2021. “El sistema tiene debilidades, pero de otra manera el resto del mercado no podría operar”, aseguran.

En diciembre de 2021, Assurance Services International (ASI), la entidad que fiscaliza a los certificadores, hizo una auditoría específicamente sobre el trabajo de Bureau Veritas con Volterra, sin encontrar nada relacionado con este tema.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) consultó a ASI si estaban informados de que habían investigaciones penales acerca de los proveedores de Volterra. “Desde 2014, ASI no ha recibido ningún incidente relativo a Volterra, pero nos gustaría iniciar un diálogo sobre cualquier denuncia reciente para incluirlo en el sistema de gestión de incidentes de ASI”, fue la respuesta.

En 2014, ASI sí había puesto el ojo en la certificación de Bureau Veritas a Volterra. Se trató de una auditoría en que el foco estaba en el trabajo con otra empresa, Procer. Según el reporte, la auditoría se inició debido “a las continuas preocupaciones y percepciones de los stakeholders (partes interesadas) sobre la calidad de la certificación FSC en Chile”. Las observaciones sobre Volterra fueron menores, pero la evaluación general sobre el proceso de certificación de Procer terminó con Bureau Veritas suspendido por siete meses (junio 2014-enero 2015) para realizar auditorías de gestión forestal en toda América. Pudo retomar “bajo condición de una continua fiscalización de ASI debido a las brechas identificadas tanto a nivel de sistema como operacional”, informaron desde esa institución.

El castigo no sorprendió en FSC Chile, donde ya habían detectado debilidades en las certificaciones de Bureau Veritas a Procer y Volterra. Claudia Cuiza, entonces directora ejecutiva de FSC Chile, dice que había rumores sobre malas prácticas de Volterra y empezaron a hacer su propia investigación para enviarla a Bureau Veritas, pero no los tomaron en cuenta. “Era como un secreto a voces dentro del mundo forestal y bueno, los certificaron. Entonces nosotros acudimos a ASI con los antecedentes para que revisaran no a Volterra, sino que revisaran a quien los certificó, que revisaran sus procesos de certificación”, relata Cuiza. Tras esa denuncia, vino la auditoría y posterior suspensión.

ZONA ROJA

Además de la certificación de cadena de custodia, Volterra tenía certificación de manejo forestal tanto FSC como PEFC. Eso quiere decir que cumplía con los estándares de ambas instituciones respecto a la gestión sostenible de sus plantaciones forestales. Volterra llegó a tener más de 18 mil hectáreas de plantaciones certificadas, pero los conflictos con comunidades mapuche hicieron que perdieran el control de algunos predios o se volviera demasiado peligroso trabajar en ellos.

La prensa de la época da cuenta de las dificultades de Volterra para trabajar en una de las zonas donde el conflicto es más álgido. Ya en 1998, una nota de La Tercera  cuantificaba las demandas indígenas a las tres principales forestales en la provincia de Arauco: Mininco, Arauco y Volterra. Respecto esta última, se menciona el conflicto con dos comunidades de Tirúa. En los años siguientes se registraron tomas, atentados e incendios, siendo el hecho más grave el asesinato del cuidador de uno de sus predios en 2014 en Tranaquepe.

Los estándares de certificación de manejo forestal no consideran sólo la sustentabilidad ambiental entre sus principios, sino también el respeto de los derechos de las comunidades indígenas, entre otros aspectos. En el caso de FSC, se menciona incluso que las comunidades con derechos consuetudinario de tenencia o uso “deberán mantener el control necesario sobre operaciones forestales para proteger sus derechos o recursos”.

Algunos de los reportes de Bureau Veritas sobre Volterra en el estándar FSC (los de PEFC no están publicados) mencionan el conflicto con comunidades indígenas como un problema del gobierno que pareciera ajeno a la empresa. Esto, pese a que en 2015 se señala que Volterra tomó las medidas necesarias para vender algunos predios demandados por las comunidades a la Conadi y al año siguiente se relata que la empresa tuvo que dejar de explotar el Fundo Lleu Lleu porque no podía garantizar la seguridad de sus trabajadores y que la Conadi valoró la actitud de Volterra respecto a la propiedad de las tierras. “No se evidenció ningún conflicto con Volterra, pero la región se encuentra en un complejo conflicto entre el Estado y la comunidad y algunas de los predios no podrían ser auditados adecuadamente hasta que la situación sea eliminada por el gobierno”, dice el informe.

Volterra disminuyó su superficie certificada, la que cayó radicalmente durante la revisión de su certificación en 2021, que contó con la presencia de los auditores de ASI. El informe de la entidad fiscalizadora señala que ya en mayo la forestal redujo su operación y que la certificación de manejo forestal bajó de 17,5 mil a menos de 2 mil hectáreas. El reporte analiza el aumento de la violencia en la llamada “zona roja” y señala que Volterra perdió control sobre la gestión de sus bosques.

Pese a las consecuencias del conflicto en sus terrenos, los informes de certificación nunca lo consideraron como un aspecto negativo de la gestión de Volterra. Pero la situación se fue volviendo progresivamente inmanejable. Ya en 2014 la empresa anunciaba su posible salida de la provincia de Arauco por problemas de seguridad y en en 2022 el gerente de Corma Bíobío, Fernando Illanes, decía que Volterra se había ido del país por la violencia, dejando sin trabajo a 250 personas. Según Interferencia, el comprador de sus tierras sería forestal Arauco. Desde Volterra sólo confirmaron que seguían en proceso de venta y que sus plantaciones estan sin certificación, luego de que pidieran el fin de los contratos con la auditora.