Cómo el lobby del tabaco en Chile logró que los cigarrillos se llenaran de sabores de fantasía

“Es como una manzana, pero muy dulce. Y como caramelo.”

“Es como una limonada, como tomarse un mojito o algo así”

”Es como comerte un chicle”

A primera vista, podría pensarse que las citas anteriores corresponden a descripciones de golosinas. No lo son. Son las voces de jóvenes que comenzaron a fumar cuando eran menores de edad y que intentan explicar cómo se siente su experiencia con el tabaco.

Las referencias pueden parecer extrañas para las generaciones mayores, pero entre la juventud chilena es común iniciarse consumiendo cigarrillos “click”, como se llama a las cápsulas que liberan una explosión de sabores de fantasía que disfrazan el gusto del tabaco.

Funcionan como un anzuelo perfecto para paladares acostumbrados a sabores dulces, como los de los niños. Su venta está prohibida en la Unión Europea, mientras que Estados Unidos sólo permite los mentolados.

Chile, en cambio, es el segundo país del mundo en cuanto a la participación de mercado de los cigarrillos con cápsulas, alcanzando casi el 42% de las ventas totales, según datos de Euromonitor. Vendedores y jóvenes fumadores confirman la popularidad de los cigarrillos click y ayudan a explicar por qué resultan particularmente atractivos para quienes se inician en el consumo de tabaco.

Decenas de entrevistas a jóvenes realizadas por The Examination y LaBot para el proyecto trasnacional «Redes de nicotina» dan cuenta no sólo de que los cigarrillos con cápsulas son una forma común de iniciación en el tabaquismo, sino que además a muchos de ellos simplemente no les gusta el tabaco puro, incluso años después de comenzar a fumar. Algunos creen que dejarían el cigarro si es que se prohibieran los saborizantes.

Las cápsulas se han transformado en un problema de salud pública que pudo evitarse. Desde comienzos de la década pasada, los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet intentaron por distintas vías prohibir que se suavizara el gusto del tabaco con saborizantes, pero las tabacaleras hicieron el lobby y gestiones administrativas para frenar las iniciativas. El actual gobierno ni siquiera ha intentado enfrentar el problema, pese a que hay un proyecto de ley que comenzó a tramitarse en 2013 y duerme en el Congreso desde diciembre de 2021.

Cuando comenzaron los intentos por prohibir los aditivos, en 2011, la principal preocupación eran los cigarrillos mentolados, que cubrían el gusto a tabaco con una sensación de frescura. Pero mientras las distintas iniciativas por sacarlos del mercado fracasaban, las empresas tabacaleras fueron innovando y masificaron los cigarrillos de click, doble click y hasta triple click —con tres sabores distintos— que inyectan gusto a sandía, limón o fresas, entre muchos otros. Según datos de Euromonitor, en 15 años el consumo de cigarrillos con cápsulas en Chile aumentó de 1,5% a 42% del mercado. Fue así como una política que en un comienzo parecía impactar a un número menor de consumidores, hoy equivale a casi la mitad del mercado.

El fracaso de Mañalich ante Mendoza

En la última década, las grandes productoras de tabaco han intentado mejorar su imagen en todo el mundo. No quieren ser recordadas como las empresas malignas que ocultaron el daño a la salud que generaban, sino que buscan proyectarse como compañías capaces de innovar con productos cada vez menos tóxicos. Phillip Morris, que vende marcas como Marlboro, promueve un eslogan en que anuncia que se convertirá en una empresa “libre de humo”. British American Tobacco, que en Chile comercializa Kent y Lucky Strike, tiene un discurso parecido, con un eslogan que promete “un mañana mejor” y “sin humo”.

No es que estén pensando en desaparecer, sino que dicen estar migrando a productos sin combustión, como los vapeadores. Eso según sus avisos comerciales. Lo cierto es que junto con promover estos nuevos productos, en Chile y otros países de América Latina desarrollan una agresiva estrategia comercial para introducir en el mercado decenas de nuevas marcas de cigarrillos con sabores, que atraen a nuevos consumidores, muchos de ellos menores de edad.

Añadir sabores frutales es una estrategia que además significó un cambio radical respecto a lo que la empresa declaraba públicamente, pues antes reconocía que los saborizantes eran atractivos para los niños y por eso no los usaba. El reporte de sustentabilidad de BAT en 2013 cita al director científico de la compañía, David O’Reilly, diciéndolo abiertamente: “Nunca añadimos nada que haga a nuestros productos de tabaco más atractivos para los niños, como saborizantes abiertamente de golosinas o fruta”.

Si bien Chile sigue siendo el país con mayor prevalencia de consumo de tabaco en América Latina, sus índices de tabaquismo han disminuido consistentemente, en gran parte gracias a políticas orientadas hacia ello. Pese al fuerte lobby de las tabacaleras, a lo largo de distintos gobiernos se ha logrado subir los impuestos, prohibir fumar en lugares públicos y poner agresivos avisos en las cajetillas, entre otras medidas.

Lo que ha sido imposible de prohibir es el uso de aditivos con sabor. El primer portazo lo dio la Contraloría en 2012, que tres veces negó al Ejecutivo el derecho a prohibirlos por decreto. Este hecho aún genera suspicacia entre los activistas antitabaco, pues entonces el contralor era Ramiro Mendoza, quien fue abogado de Chiletabacos (ahora BAT Chile) mientras trabajaba en el Estudio Philippi, que representaba a la firma.

Según documentos obtenidos por The Examination usando la Ley de Transparencia, cuando estaba en Philippi el abogado Mendoza patrocinó ante la Contraloría al menos un escrito de BAT y algunos gremios que disputaban la forma de aplicación de la ley del tabaco en octubre de 2006. Seis meses después fue nombrado contralor, por lo que renunció al patrocinio el 9 de abril, un día antes de asumir el cargo.

El primer intentó por prohibir los sabores lo hizo en 2011 el ex ministro de Salud de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, quien firmó un decreto invocando un artículo de la ley que le permitía hacerlo si es que los aditivos aumentaban “el daño o riesgo del consumidor”. El Minsal argumentaba, entre otras cosas, que los sabores pueden “enmascarar el carácter áspero e irritante del tabaco, favoreciendo la experimentación, consumo inicial y mantención del hábito tabáquico”.

Ramiro Mendoza no tomó razón del decreto y en enero de 2012 representó al Minsal que “no existe una relación directa entre la utilización de estos elementos (aditivos) y un aumento de los daños a la salud o del riesgo (…). Este requisito es indispensable porque el legislador no podría otorgar una atribución para disponer medidas tan drásticas como las prohibiciones, refiriéndola ampliamente a todas las situaciones que indirectamente puedan incidir en forma remota en el aumento del consumo del tabaco”.

Se hizo entonces un cambio legal, que sumó la adicción como una de las causales para prohibir los aditivos. En agosto de 2013, el Minsal volvió a mandar un decreto, esta vez prohibiendo solamente el mentol, que era el aditivo más común hasta entonces, y entregó una argumentación más detallada. El escrito mencionaba que el mentol aumenta la capacidad adictiva de la nicotina, aporta una sensación refrescante y tiene efectos analgésicos en la garganta, lo cual favorecería inhalaciones más profundas y con más nicotina. Citaba incluso un estudio de la FDA, la agencia que regula los productos del tabaco en Estados Unidos, respecto al aumento de la adicción en fumadores jóvenes y adjuntaba a un informe técnico de 20 páginas.

Ni el cambio legal ni los nuevos antecedentes fueron suficientes para la Contraloría, que nuevamente evitó tomar razón y representó el decreto. Esta nueva resolución no lleva la firma de Ramiro Mendoza, sino de Patricia Arriagada como subrogante del contralor. Según argumentó, no existe una relación directa entre los niveles de adición o daño a la salud y el mentol en los cigarrillos, y citó la decisión tomada el año anterior por Mendoza (se pueden comparar ambas resoluciones en el texto destacado): “En armonía con lo informado en el dictamen N° 951, de 2012, este requisito es indispensable porque el legislador no podría otorgar una atribución para disponer medidas tan drásticas como las prohibiciones, refiriéndola ampliamente a toda la gran variedad de situaciones que indirectamente puedan incidir en forma remota en el consumo del tabaco”. Aunque el Minsal insistió, en enero de 2014 la Contraloría declinó reconsiderar su decisión pues a su juicio no se logró probar que el mentol causara adicción.

La doctora Lidia Amarales, subsecretaria de Salud durante el primer gobernó de Bachelet y ex vocera de la “Mesa ciudadana del tabaco”, todavía es capaz de citar casi de memoria parte del párrafo en negrita. “La Contraloría dice que el legislador no podría otorgar una atribución para disponer de medidas tan drásticas como las prohibiciones… tan drásticas”, subraya. “Nosotros, como Mesa del tabaco, dijimos que ahí había un juicio de valor, cosa que la Contraloría no podía hacer. Lo que tenía que decir es si se ajusta o no a la ley. No hay ninguna medida que sea drástica cuando estamos hablando de la salud de las personas y está absolutamente demostrado que los aditivos son un factor de atracción para que los niños y los jóvenes comiencen a fumar”, enfatiza hoy Amarales.

BAT había hecho gestiones ante la Contraloría para intentar obtener este resultado, según se desprende de la memoria 2013 de la empresa. En ella el presidente del directorio y ex ministro del Interior de Pinochet, Carlos Cáceres, celebra el triunfo ante el ente contralor: “nuestra Compañía solicitó formalmente a la Contraloría General de la República que, para efectos de revisar la legalidad del decreto en cuestión, se nos otorgara la posibilidad de entregar antecedentes sobre el tema fundamentando, desde nuestra perspectiva, que no existe evidencia científica para aseverar que el uso de mentol generase directamente un mayor daño o adicción. Ello efectivamente ocurrió y significó que la Contraloría, una vez más, diera la razón a la posición de la empresa”.

Bachelet vuelve al ataque

El segundo gobierno de Bachelet, que siguió al primero de Piñera, no soltó el tema y ante e portazo de la Contraloría debió elegir otro camino para regular. El entonces subsecretario de Salud, Jaime Burrows, cree que el problema era la redacción de la ley, por lo que había que cambiarla. Para ellos insistir en el tema de los saborizantes era importante porque ya se había conseguido bajar el consumo de tabaco en adultos, pero el impacto en los adolescentes era menor, sobre todo en las mujeres. “Una de las cosas que nos mostraban los estudios es que más de la mitad de los adolescentes partía fumando mentolados porque es mucho más tolerable y obviamente la nicotina produce su efecto y agarra a la gente. Entonces el tema del aditivo era importante”, explica el médico.

Por eso en 2014 decidieron hacer indicaciones a un proyecto de ley que un año antes habían presentado los entonces senadores Guido Girardi, Fulvio Rossi y Mariano Ruiz-Esquide (ya fallecido). Además de los sabores, se optó por atacar la publicidad. Si bien ya se había prohibido en términos generales, ahora se propondría vender sólo cajetillas planas —sin colores, ni logos que las hicieran atractivas— y terminar con la exhibición de productos y letreros que las tabacaleras ponen en los mostradores de las tiendas que venden cigarrillos.

La industria tabacalera y en particular Chiletabacos —ahora BAT Chile—, que tiene más del 90% del mercado, siempre se ha caracterizado por ser muy activa en resistir los cambios legales que la afectan. Cuando ha habido proyectos de ley para subir los impuestos o aumentar las normas para proteger la salud, ha desplegado un fuerte lobby ante las autoridades y la opinión pública. Sin embargo, la campaña que emprendió para oponerse a las restricciones a los sabores y las cajetillas planas fue mucho más agresivas que las anteriores.

Esta vez la empresa no sólo advirtió de los riesgos de que aumentara el contrabando y disminuyeran los ingresos fiscales, sino que apenas el Senado aprobó el proyecto en su primer trámite, la compañía amenazó con dejar de producir cigarrillos en el país. Ante "un escenario de cajetilla plana y prohibición de ingredientes, la Compañía ha tomado la decisión de comenzar el proceso de cierre de sus operaciones de tabaco en las regiones V, VI VII y VIII, tan pronto esta legislación sea aprobada", aseguró BAT.

“Las empresas de tabaco no nos van a intimidar”, fue la respuesta de Burrows en una entrevista en CNN Chile que despertó las alarmas en el Ministerio de Hacienda, entonces encabezado por Rodrigo Valdés. “¿Me vas a creer que estaban preocupados por la confrontación con los empresarios?”, rememora hoy Burrows, quien ya había despejado con Hacienda las preocupaciones respecto a una eventual caída en la recaudación del impuesto al tabaco por la disminución del consumo. La anécdota da cuenta de la permanente tensión que genera entre las distintas carteras de gobierno cualquier cambio que afecte al tabaco, como volvería a suceder

BAT tras el lobby de los trabajadores

Junto con la empresa, sus trabajadores también se movilizaron contra el proyecto de ley. Tanto los de la planta de Casablanca, donde supuestamente se despediría al 20% de los empleados en una primera etapa, como los agricultores, que tenían a BAT como único comprador posible. Con apariciones en la prensa y reuniones con autoridades de los ministerios de Hacienda y Agricultura, además del Congreso, se desplegaron para pedir que no se aprobara una ley que, según ellos, haría inviable la producción de tabaco en Chile y tendría un costo en empleos que llegó a cifrarse en 15 mil, incluyendo directos e indirectos.

La ex senadora Carolina Goic, que en esa época integraba las comisiones de Salud y Trabajo, recuerda bien lo que a su juicio fue una utilización de los trabajadores para defender los intereses de la empresa. “Cuando tú ves que la tabacalera manda a los trabajadores a hablar con una parlamentaria que tiene un historial de defensa de los derechos de los trabajadores, y el argumento es que usted, senadora, lo que está haciendo es que nosotros perdamos nuestro trabajo, entonces tú dices que por lo menos ellos deberían ser capaces de dar la cara y no escudarse detrás de un grupo de trabajadores”, cuestiona Goic.

Goic se refiere a los trabajadores de la planta de Casablanca, pero los agricultores que tienen contratos con BAT también se reunieron con diputados y senadores, además de asistir a comisiones parlamentarias. A Goic no le constaba que BAT los hubiera “mandado”, pero asumía que no era espontáneo.

El entonces presidente de los agricultores, Lucio Ormazábal, reconoce hoy que BAT jugó un rol relevante en las gestiones políticas que realizaron contra la ley. Aunque él ya cortó con la empresa, que lo demandó por una controversia acerca de unas maquinarias, y dejó de plantar tabaco en sus tierras de Hualañé, sigue creyendo que la ley iba a afectar los cultivos. Es decir, su postura estaba efectivamente alineada con la de BAT, pero la compañía sí estaba apoyando el lobby de los agricultores, financiando sus viajes y organizando su agenda más política.

“Estábamos directamente haciéndole un regalo a la empresa para que se quedara acá en Chile y no bajara sus cortinas. En el fondo ellos nos proporcionaban una van (mini bus) permanente para salir a recorrer. Recorrimos todo el país donde se planta tabaco”, relata Ormazábal.
Los viajes de los productores tabacaleros incluyeron reuniones con concejales y alcaldes de distintas comunas, además de convencer a otros agricultores de sumarse a la causa: “La idea era tratar de aleonarlos para que estuvieran con nosotros y nos apoyaran, ya sea en algún viaje que hubiésemos que hacer a Santiago en los distintos buses o si queríamos hacer una protesta en alguna comuna para que el alcalde nos apoyara”, recuerda el ex dirigente.

El aporte de BAT no consistía solamente en el financiamiento del transporte, sino que también les contrató una periodista que trabajaba para ellos: “A veces ella viajaba con nosotros, nos hacía los distintos contactos con los ministros, senadores, diputados, alcaldes… Ella era de avanzada y nos tenía un poco preparado el cuento. Y esa periodista era pagada por British American Tobacco”, asegura Ormazábal.
Se contactó a BAT Chile y se enviaron preguntas específicas a la matriz de BAT, pero la empresa no respondió nada sobre este tema y sólo envió una breve declaración genérica. La periodista mencionada por Ormazábal no contestó los mensajes que se le enviaron.

El declive de la agricultura del tabaco

La amenaza de una masiva pérdida de empleos, en particular en el mundo agrícola, tuvo su impacto. Apenas el proyecto de ley pasó a la Cámara de Diputados, en 2015, esta decidió que no sólo debería ser revisado por la Comisión de Salud, como en la cámara alta, sino también por la de Agricultura.

Tres años estuvo el proyecto estancado en Salud, que lo aprobó en enero de 2018. Luego durmió en la comisión de Agricultura hasta que después de la pandemia, en 2021, el segundo gobierno de Piñera decidió reactivarlo. La comisión lo rechazó, pero una vez en sala fue aprobado el 15 de diciembre de 2021. Podría haber pasado a tercer trámite y haber tenido un fácil despacho, pero diputados de derecha le introdujeron indicaciones que obligaron a mandarlo de vuelta a la Comisión de Salud.

Entre las indicaciones estaba la del entonces diputado Javier Macaya, que condicionaba la entrada en vigencia de la ley a la culminación de un programa de reconversión agrícola, algo que podría tardar años. Macaya, que votó a favor en la Comisión de Salud, dice no recordar los detalles —han pasado casi tres años—, pero asegura que su intención al presentar la indicación no fue retrasar la tramitación del proyecto de ley, aunque en la práctica haya impedido que pasara al siguiente trámite legislativo.

El actual senador sí recuerda haberse preocupado por el eventual cierre de la industria y haber empatizado con los agricultores de su zona, que estaban preocupados por la eliminación de aditivos distintos a los saborizantes, que son necesarios para el tabaco que se consume en Chile. Esa preocupación, bastante extendida entre los opositores de la ley, ya había sido resuelta durante la tramitación del proyecto y se había acordado que no se prohibirían los aditivos necesarios para la producción de cigarrillos.

Una gran interrogante era cuántos agricultores se dedicaban en ese entonces (2021) al cultivo del tabaco en Chile y por lo tanto qué tanto impacto podría tener la ley en el peor escenario para el sector. No había números oficiales actualizados (el último censo agrícopecuario era de 2007) y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), férrea opositora al cambio legal, cifraba el número en 350 pequeños productores y reconocía un importante declive en la actividad.

La investigadora de la Universidad Católica Dérgica Sanhueza analizó junto a su colega Esteban Taha los datos del nuevo censo que se conocieron en 2022, para corregir la subestimación de un levantamiento que se hizo durante la pandemia. Calcularon que hay sólo 248 explotaciones de tabaco en todo el país, mayoritariamente entre las regiones VI y VII, evidenciando una fuerte caída (alrededor de un 30% menos en una década, a partir de los datos de la SNA).

Sanhueza ha investigado el sector por años y su conclusión es que el negocio en sí es rentable. Sin embargo, tiene varias características que lo han hecho cada vez menos atractivo, como por ejemplo la falta de transparencia de la empresa a la hora de ponerle precio al tabaco que está comprando. “Este es un cultivo que tiene fecha de caducidad”, proyecta Sanhueza, producto de lo que llama “atrición” o desgaste propio del rubro. Los agricultores más viejos se están jubilando y sus hijos no quieren seguir en esta línea de trabajo.

Pese a ese declive, el temor al fin de la agricultura tabacalera ha sido el argumento que más ha obstaculizado el trámite legislativo. “Finalmente, ese argumento ha pesado tanto que ha impedido que la ley avance. Pero es un argumento que también permea al gobierno, y estoy hablando de gobierno de distintos sectores políticos en los que me ha tocado estar, donde no es el Ministerio de Salud el que pone la objeción, sino que es el Ministerio de Agricultura”, dice Carolina Goic.

La partida en falso de Boric

El Presidente Gabriel Boric asumió el cargo el 11 de marzo de 2022. El proyecto de ley antitabaco había sido aprobado por la sala de la Cámara en diciembre y la administración de Piñera siguió poniéndole urgencias, que es la forma que tiene el Ejecutivo de hacer que el Legislativo debata un proyecto de ley. La última urgencia de “discusión inmediata” ingresó el 3 de marzo de 2022 y estaba vigente al momento en que Boric entró a La Moneda.

Desde entonces el proyecto de ley duerme, sin ninguna señal concreta de que el Ejecutivo esté interesado en que el Congreso avance en la prohibición de sabores, cajetillas planas y restricciones a avisos en tiendas.

Lo llamativo es que durante las primeras semanas de su gobierno, pese a que en el sector salud había proyectos de bastante urgencia y visibilidad, este parecía ser un tema relevante. En mayo de 2022, el Ministerio de Salud creó un Consejo Asesor para el Control del Tabaco, con participantes de la sociedad civil y la academia. Tras la primera sesión, el entonces subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, se mostró preocupado por los productos lanzados en los últimos años por las tabacaleras que atraen a niños y adolescentes. Por eso anunció la prohibición de saborizantes y de elementos de márketing, mencionando las cajetillas planas y anunciando nuevas indicaciones en la misma línea.

¿Por qué no se hizo nada desde entonces? Según un testigo, el interés del Minsal es real pero desde un inició enfrentó obstáculos de parte del Ministerio de Agricultura, que inicialmente se habría opuesto a firmar la urgencia necesaria para que el proyecto de ley avance y algunas indicaciones, que ya habían sido firmadas por Salud.

Desde el Ministerio de Salud, el encargado de la Oficina de Prevención del Consumo de Tabaco, Celso Muñiz, asegura que para esa cartera “es fundamental la prohibición de aditivos”. Sin referirse directamente al conflicto con el Ministerio de Agricultura, Muñiz dice que en el último año se generó un consenso sobre este tema: “Tanto Agricultura como Salud estamos de acuerdo en los procesos legislativos respecto a la prohibición de aditivos saborizantes y aromatizantes para los productos, no solamente en el producto final, sino que también esté regulado el papel y el filtro, con lo cual podemos sacar todos los aspectos saborizantes de estos productos en su presentación final. Y estamos en la espera de que finalmente exista el espacio legislativo para poder incorporar la propuesta y dar la urgencia al proyecto de ley y poder avanzar”. Esta decisión, dice Muñiz, estaría en manos de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que es la que coordina el trabajo legislativo.

Desde la Segpres, sin embargo, subrayaron que las prioridades se trabajan a partir de lo que proponen los ministerios y no recuerdan que el Minsal haya puesto este tema sobre la mesa como algo relevante.

Para este reportaje se intentó tener una versión oficial de Salud y Agricultura. Desde fines de septiembre se solicitó entrevista con la actual subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, quien antes de asumir ese cargo coordinó el tema con Agricultura, pero declinó por problemas de agenda. Un mes después se le enviaron preguntas específicas por escrito, pero adujo lo mismo para no contestar. Con el Ministerio de Agricultura las gestiones se iniciaron la tercera semana de octubre y también se enviaron preguntas, pero nunca recibimos respuesta.

Lo concreto, entonces, es que las urgencias y las indicaciones están estancadas en algún lugar entre los ministerios de Salud, Agricultura y Secretaría General de la Presidencia, sin voluntad política por promover regulaciones que disminuyan el consumo de tabaco en niños y jóvenes.

Lee el reportaje internacional de esta serie:  Cigarrillos ‘click’ con sabores frutales arrasan entre adolescentes de América Latina