Operación por robo de madera: Seis de las empresas compradoras tenían certificación forestal

La llamada tuvo lugar el 30 de octubre de 2020. De un lado de la línea estaba José Flores Lobos, un operador de camiones y grúas forestales:

“La hueá es que hay que robar nomás. No queda de otra que robar. Trabajai legal, te queman la cagada de camiones (…) Trabajai robando y no te pasa ni una hueá. Tenís que tener cuidado con los pacos nomás”.

La comunicación da cuenta de la sensación de impunidad con que opera el robo de madera en el sur. Impunidad que en este caso terminó casi tres años después de la llamada, el 8 de marzo pasado, cuando Flores y otras 10 personas fueron detenidas. El Ministerio Público los acusa de ser parte de una asociación ilícita dedicada al hurto y receptación de madera en la provincia de Arauco. Durante cinco horas y media las fiscales relataron los detalles de cómo operaba la banda y para persuadir utilizaron recursos multimedia, como la reproducción de llamadas telefónicas interceptadas, videos aéreos de las operaciones y una gráfica con el organigrama de la supuesta organización delictual.

En esta causa, al igual que en el caso de la forestal Volterra, relatado en reportajes anteriores del proyecto Deforestation INC. del Consorcio Internacional Periodistas de Investigación (ICIJ), entre los compradores finales hay empresas que poseen certificación FSC de cadena de custodia. Eso quiere decir que deberían conocer todo el trayecto de la madera, desde que se tala el árbol hasta el destinatario final. Lo anterior implica, entre otras cosas, tener información que certifique el origen lícito de la madera.

Sin embargo, la investigación del Ministerio Público acusa a la empresa Los Coigües SPA de participar del robo de madera para luego venderla a otras compañías del rubro. Entre éstas figuran seis empresas que poseen certificación FSC de cadena de custodia, lo que nuevamente enciende las alarmas sobre la confiabilidad del sistema, aunque existe la posibilidad de que hayan vendido esta madera sin el sello de certificación. Entre las compradoras está Forestal Arauco, una de las dos mayores del mercado chileno.

Lo paradójico es que es posible que Arauco haya comprado madera que había sido robada de sus propios predios, pues es la principal afectada por los hurtos: seis de los ocho robos por los cuales fueron formalizados los imputados afectan a plantaciones de forestal Arauco (los otros dos fueron a Mininco). Ambas empresas son querellantes en esta causa, al igual que la Delegación Presidencial del Biobío, que se sumó al final.

A través de un comunicado, Arauco informó que sólo tienen registro de una compra menor a Los Coigües en enero de 2020, “equivalente a unos 200 metros de madera (8 camiones aprox.), lo que representa un porcentaje inferior al 0,001% del abastecimiento total de madera de ese año”. Aseguraron que pocos días después de la compra se detectaron “inconsistencias” en el origen de la carga, tras lo cual se suspendió al proveedor, lo que coincide con lo que se dice en las conversaciones telefónicas interceptadas.

A juicio de la empresa, esa reacción da cuenta de la efectividad de sus sistemas de trazabilidad y control. ¿Pero por qué entonces una forestal certificada estaba comprando madera robada a una empresa sin certificación? Aunque se solicitó una entrevista para que explicaran en detalle el procedimiento, desde Arauco respondieron nuevamente por escrito. Sin referirse a este caso en particular, explicaron que a sus plantas sólo ingresa madera certificada, pero entre aquella que compran a terceros hay una parte menor que no cuenta con certificación propia y por lo tanto debe ser verificada por Arauco, lo que en la jerga de las certificadoras se denomina “madera controlada”. En estos casos, es Arauco la que tiene la responsabilidad de asegurarse de que no sólo tenga origen lícito, sino que se cumplan estándares ambientales y laborales.

“Cabe señalar que estas certificaciones no son infalibles, pero son sistemas que contribuyen significativamente a reducir riesgos. También que todos son procesos formales regulados, verificados anualmente mediante casas certificadoras externas independientes, que cuentan con acreditación internacional”, concluye el mensaje de la empresa.

MBM, el mejor cliente

La denuncia presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en este caso detalla los principales compradores de Los Coigües entre enero de 2018 y mayo de 2022. En esa lista, Arauco ocupa el quinto lugar, con el 3,97% de las ventas.

Por lejos el principal cliente de Los Coigües era Forestal e Industrial MBM Ltda., una empresa domiciliada en Los Ángeles que le compró el 47,2% de la madera en ese periodo. Su socio principal es Rodrigo Muñoz Galaz (70%), quien según los últimos registros del Diario Oficial (2010), también es el mayor accionista de Demian Spa (originalmente Forestal MBM SPA), firma que compró el 8,23% de las ventas de Los Coigües. Consultado por la relación entre ambas empresas, Muñoz señaló que vendió su participación en Demian el año 2020. Agregó que MBM es deudora de Demian y que ambas se vendían madera la una a la otra en distintos formatos.

Muñoz explicó que no toda la madera con que trabajan es certificada y aunque recientemente aseguró a Biobío que desconocía el origen ilícito del material que compraba, esta vez declinó referirse a los robos, argumentando que MBM se encuentra en un proceso de reorganización concursal, gestionada por un veedor. Este último, Robert Rivas -quien fue interventor de Más Vida y de la Caja de Compensación la Araucana- respondió que tampoco podía hablar de este tema.

MBM fue intervenida luego de que en agosto de 2020 una empresa de factoring solicitara su liquidación forzosa por deudas impagas. Se sumaron otros acreedores, a los cuales MBM adeuda un total de $3.000 millones. Aunque el grueso de la deuda está en manos de instituciones financieras, hay un grupo de pequeños acreedores, entre los que se cuenta justamente Los Coigües SPA.

Según los documentos de la reorganización de la empresa, en 2021 se aprobó que un grupo de “acreedores valistas estratégicos” tuvieran un plan distinto de pago porque eran necesarios para mantener funcionando a MBM. Entre ellos estaba nuevamente Los Coigües SPA. Este dato, además de la información entregada en la audiencia y la denuncia del SII, permite concluir que MBM le compró a Los Coigües tanto antes como después de ser intervenida.

Aunque hasta ahora el Ministerio Público no ha iniciado acciones contra las empresas que compraron la madera robada, en la audiencia de formalización se mencionó varias veces a MBM no sólo como compradora, sino también en otras situaciones, esbozando que podría tener un involucramiento mayor. Por ejemplo, el supuesto cabecilla de la banda se comunicó con alguien de MBM para acordar la compra de un camión, que quedaría inscrito a nombre de la madre de éste.

Un informe del OS9 de Carabineros menciona que en septiembre de 2021 uno de los imputados, Felipe Videla, fue detenido conduciendo un camión de Forestal Demian SpA, en el que transportaba madera robada. Se subraya que la madera era vendida a Rodrigo Muñoz, administrador tanto de Forestal Demian como de MBM. Otro reporte de 2020, también citado en la audiencia, menciona que otro camión llevaba un remolque propiedad de MBM.

Además de Arauco, MBM y Demian hay otras cuatro empresas en el listado de compradores del SII. Entre ellas resalta Forestal Los Andes SPA, pues ya había sido investigada como intermediaria en una de las cadenas del caso Volterra (ver reportaje). En esa ocasión no se iniciaron acciones penales contra ella por falta de antecedentes, pero cuando intentó pedir la devolución del IVA, esto le fue denegado debido a que provenía de facturas ideológicamente falsas, fruto de la compraventa de madera de origen irregular.

Los robos

La causa que a comienzos de marzo formalizó el Ministerio Público tiene varios orígenes. Existían querellas de las empresas forestales por robo de madera que habían derivado en una investigación por asociación ilícita, a la que se sumó un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que alertaba de operaciones sospechosas y posible lavado de activos debido la existencia de sociedades pantalla, uso de cuentas corrientes de terceros y triangulaciones entre familiares. En 2022 las investigaciones relacionadas con esta causa se fusionaron.

Los Coigües, la empresa que vendía la madera robada, es propiedad de Ricardo Escobar Orellana, pero se descubrió que cuando constituyó la sociedad en 2018 tenía 23 años y no registraba ingresos que pudieran respaldar los $10 millones de capital. Tras distintas pesquisas, el Ministerio Público determinó que en realidad era el segundo en la organización, un chofer de camiones que obedecía órdenes de Walter Araneda, imputado como el cabecilla.

En la segunda línea del organigrama del Ministerio Público, junto con Orellana, se encuentra el contador Guillermo Mesa Huichalao. Su nombre ya apareció en un reportaje anterior de esta serie, pues fue condenado por delitos tributarios en 2018 en una de las aristas del caso Volterra. Tal como entonces, se le imputa prestar asesoría contable que incluye el uso de facturas de proveedores falsos y guías de despacho con información adulterada.

Los otros imputados son la secretaria de Araneda, su madre, su pareja y choferes de camiones y operadores de maquinaria forestal.

Tal como se mencionó al inicio, una de las cosas que sorprende en este caso es la impunidad con que operaba la organización. No los detuvo que Arauco detectara el origen dudoso de la madera en enero de 2020. Tampoco un enfrentamiento de carabineros en septiembre de ese año en el predio Elicura de Mininco con comuneros mapuche que les prestaban apoyo logístico, donde quemaron dos camionetas policiales. Según se desprende de las grabaciones, la instrucción de Araneda fue quedarse en la faena donde “madereaban” y cambiar las patentes de los camiones. Ni los amedrentó que Videla fuera detenido conduciendo un camión ajeno con madera robada.

Por el relato del Ministerio Público en la audiencia de formalización, Araneda y los suyos debieron haberse dado cuenta de que les estaban pisando los talones, pero siguieron operando como si nada. En numerosas oportunidades sus camiones fueron controlados en la tenencia de Contulmo, al parecer sin encender alarmas en la organización, pese a que venían directamente de extraer madera robada. No eran controles camineros aleatorios. Permitieron ir recabando información sobre los integrantes: quiénes eran los choferes, quiénes eran los dueños de los camiones y de qué predios decían que provenía la madera. Las guías de despacho utilizadas para el traslado de la carga resultaron contener información falsa.

La acusación de la Fiscalía es que Los Coigües era sólo una sociedad de pantalla que emitía facturas a terceros para encubrir el origen de la madera ilícita. Para sustentar la imputación de lavado de activos, se detalló que Walter Araneda cobró por caja 98 cheques por $902 millones, lo que la Fiscalía denominó “pitufeo”, o fragmentación para no levantar alertas. Con el dinero compró una casa y vehículos, aunque para esto usó también como testaferras a su madre y a su pareja.

Finalmente, sólo cuatro de los once imputados quedaron en prisión preventiva: Walter Araneda, Ricardo Escobar, Guillermo Mesa y Felipe Videla.