El Ministerio Público resolvió investigar al Presidente Piñera a raíz de los nuevos antecedentes expuestos por el reportaje de CIPER y LaBot sobre la venta de Minera Dominga en un paraíso fiscal. La Moneda insiste en que todo se sabía y que la justicia ya lo investigó. CIPER revisó esa indagatoria de 2017. En ella nunca aparecieron dos sociedades offshore que intervinieron en la operación y, aunque el fiscal tuvo a la vista la polémica cláusula que condicionó el pago, no la mencionó ante los magistrados que resolvieron cerrar el caso. El documento del contrato en el paraíso fiscal solo se conoció hace cinco días, con la publicación del reportaje que forma parte de Pandora Papers.
“Los hechos mencionados en el reportaje no son nuevos, fueron públicamente conocidos por los medios el año 2017 e investigados en profundidad por el Ministerio Público y resuelto por los tribunales de justicia”, aseguró el Presidente Sebastián Piñera el pasado lunes 4 de octubre, en referencia al artículo que el día anterior había sido publicado por CIPER y LaBot, el que forma parte de la investigación periodística internacional Pandora Papers. El reportaje reveló el documento del contrato de compraventa de Minera Dominga sellado en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, en el que participó la familia Piñera Morel.
Los mismos argumentos —que los antecedentes ya eran públicos y que la justicia los investigó, decretando el sobreseimiento de Piñera— fueron reiterados por el ministro vocero, Jaime Bellolio, y se copiaron en minutas comunicacionales repartidas entre altos funcionarios y enviadas a algunos medios de prensa. Los replicaron, además, el abogado que defendió al mandatario en ese proceso judicial (Juan Domingo Acosta) y el máximo ejecutivo de negocios de la familia Piñera Morel (Nicolás Noguera) en entrevistas concedidas a El Mercurio.
En contraste con esa línea de defensa del entorno del Presidente, el documento revelado por Pandora Papers —el contrato de compraventa de Minera Dominga suscrito el 10 de diciembre de 2010 en Islas Vírgenes Británicas— no fue conocido por el juez que decretó el sobreseimiento de Sebastián Piñera en 2017. Nunca estuvo en la carpeta investigativa del fiscal que llevó el caso, Manuel Guerra (quien ya no forma parte del Ministerio Público). Y ni los querellantes ni la defensa lo mencionaron en la única audiencia del Juzgado de Garantía donde se selló el cierre del caso. Así se desprende de la revisión, hecha por CIPER, de la carpeta de la Fiscalía y del registro de la audiencia en que se resolvió el sobreseimiento.
El entonces fiscal Guerra sí tuvo a la vista un documento previo al contrato suscrito en Chile. Ese documento llegó a la carpeta del fiscal porque estaba adjunto a uno de los correos electrónicos que Nicolás Noguera entregó al Ministerio Público. Ese acuerdo de compraventa establecía que uno de los pagos quedaba condicionado a que el sector donde se pretende emplazar la faena de Dominga (Región de Coquimbo) no fuera declarado zona de exclusión, parque o reserva natural. Pero esa cláusula, que implicaba que el pago quedaba sujeto a un eventual acto administrativo del gobierno encabezado por el jefe de la familia Piñera Morel, nunca fue mencionada por el fiscal ante el Juzgado de Garantía. Tampoco lo hicieron los querellantes ni la defensa. Sobre eso jamás se habló frente al juez.
En contraste con esa línea de defensa del entorno del Presidente, el documento revelado por Pandora Papers –el contrato de compraventa de Minera Dominga suscrito el 10 de diciembre de 2010 en Islas Vírgenes Británicas– no fue conocido por el juez que decretó el sobreseimiento de Sebastián Piñera en 2017. Nunca estuvo en la carpeta investigativa del fiscal que llevó el caso, Manuel Guerra. Y ni los querellantes ni la defensa lo mencionaron en la única audiencia del Juzgado de Garantía donde se selló el cierre del caso.
Al día siguiente de la publicación de CIPER y LaBot, el fiscal nacional, Jorge Abbott ordenó revisar todos los antecedentes incorporados en la carpeta de investigación del ex fiscal Guerra, a la luz de las revelaciones de Pandora Papers. Cuatro días más tarde, el viernes 8 de octubre, la Fiscalía comunicó al país su decisión al país. La jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera, informó que, de oficio, la Fiscalía comenzará una investigación por posible cohecho y delitos tributarios:
“El fiscal nacional, con fecha de hoy, 8 de octubre, ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a lo que se ha conocido como los Pandora Papers y que tienen relación con la compraventa de la Minera Dominga, vinculada a la familia del Presidente de la República”, dijo Marta Herrera. Y agregó: “Los antecedentes podrían revestir delitos de cohecho, con su correlato de soborno y eventuales delitos tributarios”.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancic, quien hoy está a cargo del juicio del caso SQM y que también investiga al mandatario por eventuales violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido social, se hará cargo de esta nueva investigación. Frente a esta decisión, el gobierno emitió un comunicado reiterando, con mayor detalle, sus argumentos (vea aquí ese comunicado). Más tarde, el Presidente Piñera realizó un “punto de prensa” en el que insistió en los mismos puntos (vea acá su intervención).
LO QUE HAY EN LA CARPETA
CIPER revisó la carpeta investigativa de la causa que lideró en 2017 el entonces fiscal Regional Oriente, Manuel Guerra, y también los registros audiovisuales de la única audiencia realizada en el 4o Juzgado de Garantía de Santiago, así como los audios de los alegatos en la Corte de Apelaciones y la resolución de la Corte Suprema que desestimó el recurso de los querellantes. Las conclusiones son claras: el contrato firmado en Islas Vírgenes Británicas no fue conocido por los magistrados que vieron el caso y no estaba en la carpeta de la Fiscalía. Y aunque el fiscal Guerra supo de la existencia de la controversial cláusula, porque aparecía en el acuerdo suscrito en Chile adjunto a un correo electrónico, no realizó diligencias sobre ese punto.
Tampoco los abogados del entonces diputado Hugo Gutiérrez (PC), quien interpuso la querella que originó la causa, mencionaron ante el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones la polémica cláusula involucrada en la venta de la participación de la familia Piñera Morel en la Minera Dominga. Además, no pidieron diligencias sobre este punto en particular.
Hasta antes de la publicación de los Pandora Papers no se sabía que dos sociedades constituidas en Islas Vírgenes Británicas sellaron la mayor parte del negocio: Delcorp International y Latin Minerals. Tampoco en Chile había noticias de que el traspaso de acciones se concretó en tres pagos, y no en dos como aparecía en el acuerdo que sí conoció la Fiscalía.
Además de la causa que ahora decidió abrir el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos (SII) resolvió iniciar un proceso de revisión de la información sobre inversionistas chilenos revelada por Pandora Papers. Esto indica que, desde el punto de vista del cumplimiento tributario, los antecedentes difundidos incluyen datos nuevos, los que ameritan un proceso de revisión similar al que el SII desarrolló luego de anteriores filtraciones de negocios en paraísos fiscales (Panamá Papers y Paradise Papers).
EL DOCUMENTO CLAVE QUE NO TENÍA LA FISCALÍA
La estrategia comunicacional de La Moneda —que todo fue investigado por la Fiscalía—, se sostiene en el documento al que accedió hace cuatro años el entonces fiscal Manuel Guerra: un acuerdo firmado el 4 de octubre de 2010 en Santiago, donde se describe parte de las condiciones del negocio por la venta de Dominga. Allí figura la cláusula que condiciona el pago de una fracción de los US$150 millones involucrados en la transacción.
Ese documento está en la carpeta de la Fiscalía porque venía como adjunto en un correo electrónico de Nicolás Noguera, quien durante la indagatoria judicial de 2017 entregó sus emails para que fueran analizados.
El análisis de los correos estuvo a cargo de la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones. En ellos no apareció el contrato final, suscrito en Islas Vírgenes Británicas el 10 de diciembre de 2010, y que involucró a sociedades desconocidas hasta antes de la revelación de los Pandora Papers. Este contrato definitivo es diferente al documento que estaba en poder de la Fiscalía, partiendo por las sociedades involucradas (vea aquí el contrato de Islas Vírgenes Británicas).
El documento que estuvo a la vista del fiscal Guerra involucra a sociedades constituidas en Chile: Inmobiliaria Duero Limitada, Minería Activa Uno Spa y Minería Activa S.A. y solo una offshore Andes Iron Ltd. Mientras que el contrato firmado en el paraíso fiscal incluye a Delcorp International, de la familia Délano Méndez (constituida en Islas Vírgenes Británicas) y Latin Minerals, la sociedad espejo de la sociedad Minería Activa Uno Spa (creada en la misma jurisdicción), de la que la familia Piñera era el mayor accionista a través del Fondo de Inversión Privado Mediterráneo.
En una declaración pública difundida la tarde del jueves 7 de octubre —cuando La Tercera anticipó la decisión de la Fiscalía Nacional de abrir una investigación penal contra Piñera—, el abogado Juan Domingo Acosta, en sintonía con los argumentos de La Moneda, señaló que en los Pandora Papers no hay información nueva: “Este antecedente efectivamente formó parte de la investigación Exalmar-Dominga”, aseguró, refiriéndose al acuerdo previo firmado en Chile.
El documento que estuvo a la vista del fiscal Guerra involucra a sociedades constituidas en Chile: Inmobiliaria Duero Limitada, Minería Activa Uno Spa y Minería Activa S.A. Mientras que el contrato firmado en el paraíso fiscal incluye a Delcorp International (de la familia Délano Méndez) y Latin Minerals (la sociedad espejo en Islas Vírgenes de la sociedad Minería Activa Uno Spa, de la que la familia Piñera era el mayor accionista a través del Fondo de Inversión Privado Mediterráneo).
Acosta indicó que Nicolás Noguera entregó sus correos electrónicos a la Fiscalía, y que allí se incluía uno “de fecha 5 de octubre de 2010 dirigido por el Sr. Iván Garrido a los Directores de Minería Activa Uno, incluyendo al Sr. Noguera, en que se acompañaban dos documentos, uno de los cuales se denominaba ‘Acuerdo’, de fecha 4 de octubre de 2010, suscrito entre Minería Activa Uno SpA e Inmobiliaria Duero Limitada”. Eso es efectivo. Pero, en ese documento no se incluyó información relevante del negocio, como la participación en él de sociedades constituidas en las Islas Vírgenes Británicas, las que concentraron la mayor parte de la operación, lo que ahora ha generado generaría la revisión tributaria anunciada por el SII.
El contrato firmado en Islas Vírgenes Británicas también establece una fórmula de pago distinta a la que aparece en el acuerdo previo. En este último se estipulan dos cuotas: una de US$140 millones y un saldo de US$10 millones a pagar un año después. Este último bajo la condición de que los terrenos donde se emplazaría el proyecto no fueran declarados zona de exclusión, parque o reserva nacional. En total, US$150 millones.
En el contrato revelado por CIPER y La Bot se establecen tres cuotas de pago: una de US$106,8 millones, otra de US$21 millones y una final de US$9,9 millones. Esta última es la que quedó sujeta a que el terreno donde se instalaría Dominga no fuera declarado zona de exclusión.
LAS AUDIENCIAS
La causa que llevó Guerra se originó por un reportaje de Radio Biobío, el que en noviembre de 2016 reveló que sociedades familiares del Presidente habían invertido en acciones de la pesquera peruana Exalmar, en medio del diferendo marítimo entre Chile y Perú en La Haya. Quien reaccionó fue el entonces diputado comunista Hugo Gutiérrez, quien presentó una querella contra Piñera por uso de información privilegiada y negociación incompatible.
Inicialmente, la indagatoria estuvo en manos de los entonces fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes ordenaron diligencias. Pero, rápidamente su jefe, Manuel Guerra, quien era el fiscal Regional Metropolitano Oriente, tomó el mando de la investigación. En marzo de 2017 se abrió la arista de Minera Dominga, tras una segunda querella de Hugo Gutiérrez. Según testigos de la tramitación del caso, Guerra fue el único fiscal que investigó la causa que unificó a Exalmar y Dominga, se encargó personalmente de decretar las diligencias y de tomar decisiones. Fue quien alegó en el Juzgado de Garantía su decisión de sobreseer definitivamente a Piñera, luego de nueve meses de indagatoria. Según dijo en esa oportunidad, había llegado a la conclusión de que ni en Exalmar ni en Dominga se configuraban delitos.
En los nueve meses de investigación solo un juez de Garantía vio la causa. Lo hizo en la única audiencia, ocurrida el 3 de agosto de 2017, donde se discutió el sobreseimiento definitivo de Sebastián Piñera.
En esa audiencia, donde comparecieron el abogado querellante y representante de Gutiérrez, Fernando Monsalve; el abogado defensor del mandatario, Juan Domingo Acosta; y el fiscal Guerra, no se mencionó la controvertida cláusula del pago de Delcorp a Latin Minerals, ni el precio real de la transacción realizada en las Islas Vírgenes Británicas que, según el contrato publicado por CIPER y LaBot, fue de US$ 138 millones. De hecho, el abogado querellante Monsalve se refirió a la cifra que él conocía del negocio y, en su intervención ante el juez Guillermo Rodríguez, señaló que fueron $6.765 millones.
El querellante se opuso al sobreseimiento del entonces precandidato presidencial Sebastián Piñera, alegando que Guerra no había realizado todas las diligencias que ellos requerían. En su tesis, señalaba que la intervención de Piñera en el cierre del proyecto termoeléctrico Barrancones, cercano al emplazamiento de Dominga, guardaba relación con la venta de ese proyecto minero. Según dijo Monsalve en la audiencia, el Presidente tenía intereses en la bajada de Barrancones: “En diciembre vende el proyecto que (lo) beneficia (por) haber bajado Barrancones. El haber bajado Barrancones, tiene una consecuencia directa en el proyecto en que él tiene inversiones”.
La relación que hizo el querellante fue descartada por Guerra, la defensa de Piñera y el propio juez. Sin embargo, Guerra no rectificó a Monsalve ni explicó al juez el monto real involucrado en la transacción: US$ 150 millones, cifra que sí estaba en el acuerdo de compraventa que él tuvo a la vista. El fiscal no mencionó cifras y se remitió a decir que la única relación que veía entre Dominga y Barrancones, era que ambas quedaban en la misma región.
El abogado defensor de Piñera le dijo al juez Rodríguez que no había interés material o económico de su representado en la causa. Y Guerra no intervino, a pesar de que sabía de la existencia de una cláusula que condicionaba el último pago por Dominga a una eventual decisión del gobierno que en 2010 ya encabezaba Sebastián Piñera. El defensor hizo esta intervención para desestimar la eventual relación entre la bajada de Barrancones y la transacción de Dominga:
“En el caso de negociación incompatible, no hay un contrato u operación en que Piñera deba intervenir en relación a su cargo. Si estamos hablando en la inversión de Minera Activa, obviamente una inversión privada, no es un acto público del Estado de Chile, y además se hizo a comienzos del año 2009 cuando el señor Piñera no era presidente ni siquiera era candidato todavía, a través de (el fondo de inversión) Mediterráneo por un valor económico de cinco dólares”, dijo el defensor. Y aseguró: “Tampoco hay un interés económico concreto que se haya podido probar en causa, o siquiera sugerir por el querellante”.
Solo 18 días después la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento, el 21 de agosto de 2017. Ese mismo día un reportaje de Radio Biobío difundió por primera vez la cláusula —extraída del acuerdo previo que se firmó en Chile— sin mencionar que el contrato final se firmó en las Islas Vírgenes Británicas ni el eventual conflicto de interés que implicaba.
En la Corte de Apelaciones de Santiago el caso fue revisado por los ministros Jorge Zepeda y Fernando Carreño, y el abogado integrante Jaime Guerrero. CIPER revisó los audios de esos alegatos y nunca se habló ni de la polémica cláusula ni del contrato en Islas Vírgenes Británicas. La única novedad sobre Dominga, fue que los querellantes por primera vez mencionaron un monto cercano al valor real involucrado en la compraventa: US$ 150 millones.
El abogado defensor de Piñera le dijo al juez Rodríguez que no había interés material o económico de su representado en la causa. Y Guerra no intervino, a pesar de que sabía de la existencia de una cláusula que condicionaba el último pago por Dominga a una eventual decisión del gobierno que en 2010 ya encabezaba Sebastián Piñera.
CRONOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE GUERRA
La arista de la Minera Dominga recién apareció en la causa de Manuel Guerra el 3 de marzo de 2017, cuando el ex diputado Hugo Gutiérrez amplió su querella inicial y le sumó los antecedentes de otro reportaje de Radio Biobío: la familia de Piñera tenía participación en ese negocio. Gutiérrez alegaba que ese proyecto minero había sido beneficiado por la decisión de Piñera de intervenir para relocalizar la vecina termoeléctrica Barrancones. La nueva querella fue interpuesta por “negociación incompatible”.
Los querellantes solicitaron diligencias relacionadas con Dominga el 20 de marzo de 2017, entre ellas tomar declaraciones a los familiares del mandatario y analizaron los correos electrónicos de seis personas relacionadas con los negocios de la familia presidencial: Nicolás Noguera, Sebastián Piñera Morel, Sebastián Piñera Echenique, Magdalena Piñera Morel, María Cecilia Morel Montes y Cristóbal Silva Lombardi. También requirieron los nombres de los choferes de Piñera en su primer mandato, la bitácora de los automóviles utilizados, la lista de personas que integraron la escolta presidencial, y el registro de visitas a Piñera en La Moneda por parte de Nicolás Noguera, Santiago Valdés y Fernando Tisné.
Esas diligencias comenzaron a tramitarse el 29 de marzo de 2017. El fiscal Guerra solo accedió a una parte de las solicitudes: que la PDI acudiera a Apoquindo 3.000 (sede de los negocios familiares de Piñera) y pidiera el libro de ingresos entre 2010 y 2014, y que tomara declaraciones a las personas individualizadas en el requerimiento. También accedió a que se solicitara la información sobre choferes, escoltas y bitácoras de automóviles presidenciales, y sobre las visitas a Piñera de Noguera y Valdés. Pero, sobre las pericias a los correos electrónicos el fiscal solo señaló: “Se resolverá en su oportunidad”.
El 6 de abril de 2017 el jefe de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional Metropolitana le encargó a un comisario de la PDI que buscara palabras claves en los correos electrónicos de Nicolás Noguera: Dominga, Barrancones, Andes Iron, Wagner, Solminihac, Délano y Larraín Vial. Ninguna decía relación con las Islas Vírgenes Británicas. El periodo comprendido por la búsqueda iba del 11 de marzo de 2010 al 31 de enero de 2011.
En el análisis de esos correos electrónicos, la Brigada del Cibercrimen de la PDI halló el email donde venía como archivo adjunto el acuerdo del 4 de octubre de 2010 donde se mencionaba la cláusula que condicionaba la última cuota del pago. Pero no estaba el contrato firmado en la Islas Vírgenes Británicas.
Las últimas diligencias dictadas por Manuel Guerra durante esa indagatoria fueron la toma de declaraciones a dos de los choferes que trabajaron con Piñera durante su primer mandato. Y también encargó que se citara a declarar a Leonidas Vial y José Miguel Barros, de la corredora de bolsa Larraín Vial.
El 4 de mayo de 2017 el fiscal le tomó declaración a Sebastián Piñera. Sobre el negocio de Dominga, el actual mandatario dijo que se enteró luego de dejar La Moneda en 2014: “Cuando el grupo de profesionales que administraba las inversiones de las empresas familiares distintas a aquellas de los fideicomisos ciegos, tuvo conocimiento de las dimensiones y magnitud del proyecto Dominga, tomó la decisión de vender esa participación, hecho que ocurrió el año 2010. Y por tanto antes que el Proyecto Dominga hiciera algún trámite administrativo relacionado con la evaluación ambiental del proyecto, el fondo de inversión relacionado con mi familia ya no participaba en la propiedad”.
Pocos días antes de decretar las últimas diligencias, el entonces fiscal Guerra adelantó conclusiones en una entrevista con El Mercurio: “No tenemos elementos como para poder formalizar al ex Presidente Piñera”.
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